ME DECLARO ABAJOFIRMANTE
Por Denise Dresser
A los ciudadanos de México
Al Congreso de la Unión
A la Comisión Ejecutiva de Negociación y Acuerdos para la Reforma del Estado
El proyecto de reforma electoral incluye la remoción de los actuales integrantes del Consejo General del IFE.
Al respecto expreso:
1. El IFE no puede cumplir su papel de árbitro electoral si no cuenta con la confianza de los partidos cuyo comportamiento regula. Durante más de una década, el IFE mantuvo esa confianza, pero actualmente ya no lo hace debido a eventos que contribuyeron a minarla, como la cuestionable integración de su Consejo General en 2003, el desafuero, y los errores y omisiones que los mismos consejeros cometieron antes y después de la elección presidencial. Las instituciones son el producto de acuerdos y consensos de diferentes actores sociales y políticos; si esos acuerdos fundacionales cambian, las instituciones deben hacerlo también. Hoy el argumento de la "inamovilidad" equivale a una defensa de un statu quo que ya no funciona; basta con recordar la elección del 2006 y sus secuelas. Ante la pregunta tan popular que se lanza para justificar la resistencia a cambios en el IFE - "qué pasará si la elecciones de 2009 otra vez dejan inconformes a los perredistas y buscaran destituir al Consejo otra vez"- habría que responder lo siguiente: es indudable que el PRD necesita aprender a perder, pero las instituciones deben estar constituidas y operar de tal modo que la izquierda no tenga margen para pensar que su derrota fue ilegítima.
2. Actualmente diversas voces argumentan que la remoción de los consejeros sería ceder al "capricho" y al "chantaje" del PRI y del PRD. Dicen que el nuevo consejo quedaría en una situación de debilidad de entrada porque en su designación tendrían mano los líderes del PRI y del PRD y consecuentemente se integraría por cuotas partidistas. Sugieren que su llegada operaría bajo una lógica estrictamente política. Pues esto es exactamente lo que pasó en el 2003 cuando se negoció tras bambalinas la llegada de Luis Carlos Ugalde et. al., sólo que el capricho fue del PRI y del PAN y las cuotas fueron decididas por ellos. Los consejeros actuales del IFE fueron electos por los mismos métodos que sus defensores -contradictoriamente- denigran. Por ello, habrá que resolver el problema de fondo, promoviendo la selección de los consejeros a través de un proceso alternativo, amplio, consensual, transparente y de cara a la ciudadanía. Sólo así sería posible blindar al IFE de la discrecionalidad caprichosa y chantajista que produjo el actual Consejo General, por el cual demasiadas personas parecen dispuestas a dar la vida.
3. Los errores del Consejo General del IFE no fueron "puntuales" y "marginales", sino que tuvieron un impacto decisivo y negativo, tanto la noche de la elección como los días posteriores a ella. Específicamente el comportamiento de Luis Carlos Ugalde el 2 de julio -aunado a la falta de información precisa sobre las "actas reservadas"- le abrió una rendija de oportunidad a López Obrador para cuestionar el profesionalismo y la imparcialidad del IFE. En una sola noche, y a golpes de inexperiencia y falta de preparación, el Consejo General minó una década de trabajo. No cabe duda que AMLO emprendió una cruzada equívoca contra la institución, pero nueve consejeros le proveyeron armas para hacerlo. Quizás el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no contempla la incompetencia como motivo para la remoción, pero debería.
4. La verdadera autonomía del IFE no depende de la inamovilidad de los consejeros, sino de los procesos a través de los cuales se les elige y las atribuciones que se les dan para fiscalizar y sancionar y contener tanto a los partidos como al Ejecutivo mismo. Hoy muchos hablan de la autonomía del IFE como si existiera, cuando para asegurarla y fortalecerla falta mucho por hacer. Que el IFE pueda establecer controversias constitucionales ante la Suprema Corte si otros poderes lo presionan. Que la fiscalización del IFE no quede en manos de quienes quisieran acorralarlo. La necesidad de una contraloría autónoma que no sea nombrada por los partidos. La necesidad de un mecanismo de integración para su consejo que garantice la pluralidad y la representatividad. Es allí donde está la verdadera batalla en favor de la autonomía del IFE; no en la defensa de sus consejeros sino en la remodelación de sus reglas y el apuntalamiento de sus atribuciones.
5. El debate sobre la permanencia o salida de los consejeros ha permitido que las televisoras desvíen la atención del asunto medular para la reforma electoral: el fin de la contratación de "spots" en los medios, la reducción del tiempo y los costos de campaña partidistas. Esta propuesta debe ser celebrada y defendida incluso con más ahínco que la permanencia de los consejeros.
6. Resulta paradójico que quienes firman desplegados en defensa del IFE nunca propusieron desplegados en contra de la llamada "Ley Televisa" ni intentaron movilizar a la opinión pública en su contra, cuando fue una batalla decisiva para la calidad de la vida democrática en México. Por ello, es imperativo reconocer que importa más la emancipación política de los partidos vis-ˆ-vis los medios, que la inamovilidad de los consejeros en puestos que no supieron ocupar y cuya selección fue cuestionable.
7. Nuestra democracia necesita una reforma que corrija los errores del sistema electoral luego de una década de operación. Uno de esos errores fue sacrificar -a través de negociaciones cupulares- la ciudadanización del IFE, contribuyendo así a la erosión de su credibilidad y a la caída en la confianza entre los principales partidos que alguna vez inspiró. Otro error fue la instalación de una partidocracia multimillonaria, subyugada por los medios y resistente a la fiscalización. Si la reforma electoral no desata estos nudos, la democracia mexicana permanecerá amarrada por ellos. Si la reforma termina siendo "a modo" de los partidos, el costo lo pagaremos quienes financiamos un sistema perverso de extracción sin representación.
8. El IFE necesita ser una institución verdaderamente ciudadana y que los ciudadanos la valoren incluso mejor de lo que lo hacen ahora. Se le debe conferir autonomía real con la que no cuenta en este momento para garantizar su independencia de los partidos. Por eso me opongo a cualquier medida -tal y como lo es la defensa a ultranza de la inamovilidad de los consejeros- que busque justificar e institucionalizar la falsa autonomía del actual Consejo General frente a los partidos, ya que implicaría la sumisión permanente del instituto frente a ellos.
